Durante la conferencia matutina del 4 de diciembre de 2025, el Gobierno Federal ofreció una amplia explicación sobre la reforma a la Ley General de Aguas, cuya aprobación en la Cámara de Diputados —con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones— generó inconformidad entre productores agrícolas que se han manifestado en distintas regiones del país.

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló los alcances de la iniciativa y negó varias versiones difundidas en redes sociales. Entre los señalamientos que calificó como falsos, destacó que no se eliminará la posibilidad de heredar propiedades con sus concesiones ni se penalizará la captación de agua de lluvia, práctica que, aseguró, incluso se busca incentivar en zonas donde no hay acceso suficiente a fuentes superficiales.

Una reforma basada en el derecho humano al agua

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, busca sustituir el marco legal vigente desde 1992, establecido durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de aquella legislación, la nueva Ley de Aguas se fundamenta en el artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano. Con base en ello, la iniciativa plantea que el Estado será el único responsable de administrar el recurso hídrico, con el fin de garantizar equidad en su distribución.

Morales afirmó que la resistencia a la reforma proviene de “grupos históricamente beneficiados” que, según dijo, han acaparado grandes volúmenes de agua al amparo de influencias políticas y económicas. Estas prácticas, subrayó, han limitado el acceso al recurso para pequeños productores y comunidades rurales e indígenas.

Control estatal, transparencia y fin de la especulación

Uno de los cambios centrales consiste en que las concesiones ya no podrán transferirse directamente entre particulares. El titular de Conagua argumentó que esa práctica ha derivado en especulación, así como en desvíos de concesiones originalmente otorgadas para uso agrícola hacia parques industriales, desarrollos inmobiliarios o campos de golf, sin supervisión adecuada.

Para atender este problema, la reforma contempla la creación de un registro público de aguas nacionales, que permitirá acceder a información sobre beneficiarios, volúmenes y origen de las concesiones. Morales insistió en que la “seguridad jurídica” de los actuales poseedores está garantizada, pues en casos de venta de terrenos se emitirá un nuevo título de concesión para el comprador.

Medidas contra el robo de agua y mecanismos de reserva

La iniciativa incluye disposiciones para reforzar la vigilancia y sancionar el robo de agua. Asimismo, propone establecer un fondo de reserva de aguas nacionales, destinado a garantizar el derecho al agua en comunidades indígenas y otras zonas con suministro limitado.

Obra estratégica para Colima

En el mismo espacio, Morales anunció el inicio de la construcción de un acueducto de 21 kilómetros para abastecer a la ciudad de Colima. La obra, que requerirá una inversión aproximada de 1,780 millones de pesos, garantizará el suministro para la zona metropolitana durante las próximas tres décadas.

De forma remota, la gobernadora Indira Vizcaíno celebró el proyecto y afirmó que esta infraestructura representa “viabilidad hídrica para los próximos 30 años”.

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