El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, obtuvo una suspensión provisional por parte de un juzgado federal que frena cualquier intento de detenerlo, en caso de que exista una orden de aprehensión en su contra. La medida fue concedida por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, tras la solicitud de amparo presentada el 21 de abril por el exmandatario.

La resolución busca evitar que Aureoles sea privado de su libertad mientras se determina si procede una suspensión definitiva. Como parte de las condiciones impuestas por el juez en funciones, el exfuncionario deberá pagar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días para que la protección legal tenga validez.

El amparo interpuesto por Aureoles tiene como objetivo detener posibles actos derivados de un juez de control adscrito al Reclusorio Norte, como órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia judicial o su ejecución. El juzgado precisó que la suspensión también aplica en caso de que los delitos señalados impliquen prisión preventiva oficiosa, amparándose en la legislación vigente.

Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables que presenten un informe sobre los actos reclamados en un lapso de 48 horas hábiles, advirtiendo que, en caso de no cumplir con ese plazo, se considerarán válidas las afirmaciones del solicitante y se aplicarán sanciones económicas.

Aureoles, quien encabezó el gobierno de Michoacán de 2015 a 2021, es señalado por presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en distintos municipios del estado. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, bajo la dirección de María de la Luz Mijangos.

El caso ha tomado relevancia luego de que, en marzo, cuatro exfuncionarios de la administración de Aureoles fueran vinculados a proceso por delitos como administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Todos ellos se encuentran actualmente bajo prisión preventiva justificada.

Según la Fiscalía General de la República, los señalamientos se relacionan con presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento y adquisición de inmuebles para establecer cuarteles de la policía estatal en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Mientras tanto, la situación legal del exgobernador permanecerá en análisis hasta que se resuelva la solicitud de suspensión definitiva, lo que podría determinar si enfrentará o no un proceso judicial bajo arresto.

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