La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió una condena pública contra lo que calificó como una “agresión cobarde y grupal” cometida por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del presidente de dicho órgano, Gerardo Fernández Noroña, de la diputada federal Dolores Padierna Luna, y del ciudadano Emiliano González González.

Durante la sesión de este miércoles, el senador Noroña, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente, dio lectura al pronunciamiento aprobado por mayoría, el cual responsabiliza directamente a seis legisladores priistas, entre ellos los coordinadores parlamentarios del PRI en ambas cámaras.

“La agresión fue organizada, planeada e instrumentada con alevosía y ventaja”, se lee en el documento. La Comisión solicitó además a los órganos legislativos correspondientes dar seguimiento a las denuncias penales interpuestas por los agredidos.

Los legisladores señalados incluyen a Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados; Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del partido; así como Erubiel Lorenzo Alonso Que, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño y Manuel Añorve Baños.

Llamado al respeto institucional y al cese de violencia

El documento también exige al Grupo Parlamentario del PRI conducirse con respeto, conforme a las normas constitucionales y parlamentarias, y abstenerse de actos de violencia dentro del recinto legislativo.

“Nunca antes en la historia del Congreso mexicano se había agredido físicamente a quien ocupa la presidencia de un órgano legislativo”, señaló Fernández Noroña, al destacar la gravedad de los hechos ocurridos el 27 de agosto, tanto en reunión de Mesa Directiva como en la sesión plenaria de la Comisión Permanente.

El senador Waldo Fernández, secretario de la Mesa Directiva, contextualizó los hechos ante el pleno, detallando la cronología del altercado ocurrido días antes.

Finalmente, los legisladores agredidos presentaron denuncias penales ante la autoridad competente, y la Comisión Permanente se pronunció por privilegiar el diálogo y el respeto institucional en el marco de un sistema democrático.

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