El Congreso local de la Ciudad de México ha aprobado un dictamen que modifica la Ley de Cultura Cívica y el Código Penal del Distrito Federal, con el objetivo de fortalecer la regulación sobre actividades comerciales y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. La iniciativa, impulsada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, busca asegurar la efectividad de los procedimientos administrativos relacionados con la suspensión o clausura de establecimientos.

La diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del partido MORENA, explicó que esta reforma tiene como finalidad mantener el estado de suspensión ordenado por las autoridades, garantizando la seguridad jurídica para la población. Se busca ampliar la responsabilidad penal no solo a los trabajadores de los establecimientos clausurados, sino también a los propietarios y responsables que permitan la reanudación ilícita de actividades. Esto se traduce en un incremento significativo en las sanciones para quienes consientan estas violaciones.

Cambios Específicos en el Código Penal

Las modificaciones al artículo 286 del Código Penal local elevan la gravedad del delito por retirar o violar sellos de clausura, considerándolo un delito grave. Además, se establece una pena privativa de libertad más severa para quienes reincidan en estas conductas. La diputada Ayala Zúñiga también destacó que se sancionará a quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública sin los permisos correspondientes, lo que busca desincentivar el comercio informal y prevenir conflictos sociales.

El diputado Royfid Torres González, del partido Movimiento Ciudadano (MC), expresó su apoyo a estas reformas, resaltando la necesidad de regular las «chelerías» para combatir la venta ilegal de alcohol. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de definir claramente los conceptos para evitar posibles actos de corrupción.

Finalmente, se aprobó una reserva al artículo 286 que incluye sanciones para quienes alteren o destruyan los sellos colocados por las autoridades competentes, fortaleciendo así el marco legal para el cumplimiento de las normativas en la Ciudad de México.