El Congreso de Baja California Sur (BCS) está analizando una iniciativa de Ley para la incorporación del acoso sexual en el Código Penal del estado. Esta propuesta de reforma fue presentada por la Comisión de Igualdad de Género, la cual considera que el acoso sexual es una forma de violencia que atenta contra la dignidad y sexualidad de las mujeres y conlleva riesgos para las víctimas.

La diputada Gabriela Cisneros Ruiz, integrante de la Comisión, expuso en tribuna la importancia de contemplar las situaciones de violencia que viven las mujeres cotidianamente en los espacios públicos, como la calle, transporte, escuelas, centros recreativos, playas, parques, entre otros.

El acoso sexual en cifras

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el delito de violencia familiar contra las mujeres registró la segunda mayor frecuencia a nivel nacional en 2022, solo después del robo. En total, se registraron 273,903 delitos contra las mujeres, lo que representa el 14.8% del total de 1,856,805 delitos en el país.

De esta cifra, la diputada enfatizó que el 80% corresponden a delitos de violencia familiar, donde la víctima recurrente es una mujer. En menor medida se encuentran los delitos de naturaleza sexual, como el abuso sexual (8.4%), la violación simple y/o equiparada (6.6%), el acoso sexual (2%), y el hostigamiento sexual (0.7%).

El delito podría seguirse de oficio

Esta iniciativa busca reformar el segundo párrafo del artículo 6-TER de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de BCS y el Código Penal del estado. Además, se busca precisar que «comete acoso sexual quien, con fines o móviles lascivos sexuales, asedie, persiga, ofenda o moleste de alguna manera física o verbal a otra persona». Asimismo, se propone imponer a quien resulte responsable de uno a dos años de prisión y una multa de 100 a cuatrocientos días de salario mínimo. Además, se establece que si la persona es un funcionario público y comete la conducta durante el desempeño de sus funciones, será destituido de su cargo, además de recibir la pena correspondiente.

Según la iniciativa, este delito sería perseguido por querella, a menos que la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, en cuyo caso se procedería a perseguir de oficio.