El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme contra las agresiones insidiosas que han generado alarma en la capital. Con una contundente mayoría de 60 votos a favor, el pleno aprobó una trascendental reforma al Código Penal que tipifica y sanciona severamente los ataques perpetrados mediante pinchazos y el suministro subrepticio de drogas en alimentos y bebidas.

Esta nueva legislación, que surge ante el preocupante aumento de denuncias por "pinchazos" en espacios públicos como el Metro, establece penas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión, además de multas que van desde los 13 mil 900 hasta los 83 mil 640 pesos. Lo crucial de esta reforma es que la sanción se aplicará independientemente de la intención del agresor, marcando un antes y un después en el tratamiento legal de estas conductas.

Pero la ley va más allá, contemplando agravantes que podrían elevar la pena hasta un máximo de siete años y seis meses de cárcel. Asimismo, se perseguirá de oficio a quienes realicen estos actos y se aplicará la misma sanción a aquellos que intenten hacer creer a otra persona que le han suministrado alguna sustancia por cualquier medio.

Durante la presentación de la iniciativa ante el pleno, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, enfatizó la urgencia de esta reforma. Explicó que la tipificación como delito autónomo se hizo necesaria ante la dificultad de encuadrar estas agresiones en figuras jurídicas existentes, como el delito de lesiones, que a menudo requieren la demostración de un daño físico inmediato, algo que no siempre ocurre en los casos de "pinchazos" debido a la ausencia de marcas visibles o la rápida metabolización de las sustancias.

"La falta de un tipo penal autónomo limita la capacidad de autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender estas nuevas modalidades delictivas", señaló Martínez Urincho, subrayando la importancia de contar con un tipo penal específico para fortalecer la protección de las víctimas y orientar la labor de las autoridades.

La reforma, que tomó como base iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como por diputados del PRI y del PVEM, añade al Código Penal un capítulo crucial denominado “administración subrepticia de sustancias” dentro del título de delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia.

La nueva disposición legal sancionará a quien "administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia o mediante engaño". La definición de "sustancia" es amplia, abarcando cualquier elemento que produzca alteraciones en la conciencia, la voluntad, la salud o el estado físico mental de una persona. Además, se especifica que esta administración podrá realizarse por cualquier vía, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, utilizando bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones, agujas o cualquier otro medio.