La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral para fortalecer los mecanismos de control sobre candidaturas y evitar la infiltración del narcotráfico en procesos democráticos.

La propuesta fue recibida por la Comisión Permanente y contempla cambios legales y constitucionales orientados a reforzar la fiscalización de partidos políticos, campañas y aspirantes a cargos públicos en los tres niveles de gobierno.

El proyecto busca ampliar las facultades de instituciones como la UIF y la Fiscalía General de la República para revisar el origen de recursos y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Reforma electoral plantea nuevos filtros de control

La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum propone implementar evaluaciones de antecedentes patrimoniales y vínculos civiles para aspirantes a cargos relacionados con seguridad pública o administración territorial.

Además, el proyecto contempla que las autoridades electorales puedan solicitar revisiones financieras rápidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República.

Las auditorías incluirían el análisis de cuentas bancarias y del origen de recursos utilizados en precampañas y campañas políticas.

Según la exposición de motivos, la intención es impedir que dinero ilícito influya en las elecciones o que perfiles vinculados con el narcotráfico lleguen a cargos de representación popular.

UIF y FGR tendrían mayores facultades

Uno de los puntos centrales de la reforma electoral es la intervención directa de organismos de inteligencia financiera y procuración de justicia en los procesos de fiscalización.

La propuesta faculta a la UIF y a la FGR para actuar a petición de los órganos electorales y revisar operaciones sospechosas relacionadas con partidos políticos o candidatos.

Asimismo, se plantea establecer sanciones más severas para los institutos políticos que incumplan con sus obligaciones de fiscalización.

Entre las medidas previstas se encuentra incluso la pérdida del registro para partidos que postulen candidatos con nexos comprobados con actividades ilícitas.

“La democracia mexicana debe estar blindada frente a los poderes fácticos”, señala el documento enviado al Congreso.

Congreso analizará alcances constitucionales

La iniciativa será turnada a comisiones legislativas para su análisis técnico y constitucional. Posteriormente, el proyecto podría discutirse durante el próximo periodo extraordinario de sesiones.

Especialistas en derecho electoral consideran que la propuesta podría modificar de manera importante la relación entre partidos políticos, autoridades electorales y organismos de inteligencia financiera.

Además, señalan que el debate girará en torno al equilibrio entre seguridad institucional, transparencia y derechos políticos de los aspirantes.

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