La reforma judicial impulsada por el gobierno federal y la iniciativa para establecer la nulidad electoral por injerencia extranjera alcanzaron el respaldo necesario de los congresos estatales, por lo que ambas modificaciones constitucionales podrán ser declaradas válidas en los próximos días por el Congreso de la Unión.

Hasta la tarde de este viernes, la reforma relacionada con el Poder Judicial había recibido el aval de 25 legislaturas locales, mientras que la propuesta para incorporar una nueva causal de nulidad electoral sumaba 23 aprobaciones, superando en ambos casos las 17 necesarias para modificar la Constitución.

Las reformas fueron enviadas por el Senado a los congresos estatales tras su aprobación a nivel federal y avanzaron mediante sesiones realizadas de manera acelerada en distintas entidades del país.

Elección judicial se aplazaría hasta 2028

Uno de los principales cambios contenidos en la reforma es el aplazamiento de la siguiente elección judicial federal. La propuesta establece que los comicios para renovar cargos del Poder Judicial, previstos originalmente para 2027, se realicen hasta junio de 2028.

Además, la iniciativa contempla la posibilidad de reelección para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre los estados que respaldaron la reforma se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas, entre otros.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Óscar Cantón Zetina, argumentó que el aplazamiento busca reducir complejidades operativas y evitar mayores costos para las autoridades electorales y para la ciudadanía.

Nueva causal de nulidad por intervención extranjera

Por otra parte, el Senado aprobó una reforma al artículo 41 de la Constitución para incorporar de manera expresa la intervención o injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección.

El dictamen señala que las disposiciones vigentes contemplan sanciones relacionadas con el gasto excesivo de campaña, el uso indebido de recursos públicos y la compra de cobertura informativa. Sin embargo, no incluyen mecanismos específicos para responder a posibles influencias provenientes del exterior.

Los legisladores que respaldan la reforma sostienen que los procesos electorales enfrentan nuevos riesgos asociados con campañas de desinformación, financiamiento opaco, manipulación digital y ciberataques impulsados desde otros países.

Aunque legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar el dictamen, estas no prosperaron. Con el respaldo de las legislaturas estatales, ambas reformas se perfilan para ser declaradas constitucionales durante la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

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