La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por posibles actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, luego de que vecinos y organizaciones civiles denunciaran desde hace años la construcción irregular de edificios que violan el uso de suelo, el programa delegacional y las normas ambientales.

Según la información publicada por Animal Político, la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación el pasado 8 de septiembre por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, en contra de quien o quienes resulten responsables por la autorización y construcción de desarrollos inmobiliarios en dicha demarcación.

La investigación se basa en un informe elaborado por la Contraloría General de la Ciudad de México, que detectó diversas irregularidades en los permisos otorgados por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (DGDUOP) de la alcaldía Benito Juárez, entre 2012 y 2018, periodo en el que estuvieron al frente los exalcaldes Jorge Romero Herrera y Christian von Roehrich, ambos del Partido Acción Nacional (PAN).

Entre las anomalías encontradas por la Contraloría se encuentran: la expedición de licencias sin contar con los dictámenes técnicos correspondientes, la modificación arbitraria de los usos de suelo, la falta de supervisión y sanción a las obras que incumplen con las normas, y la omisión de solicitar a los desarrolladores los estudios de impacto urbano y ambiental.

Los vecinos denunciaron 48 obras ubicadas en las colonias Del Valle, Narvarte, Nápoles, Portales, San Pedro de los Pinos y Santa Cruz Atoyac como violatorias del ordenamiento territorial y causantes de afectaciones al entorno urbano.

La Fiscalía ya  investiga estas obras

Los vecinos afectados han exigido a las autoridades que se detengan las obras irregulares, se cancelen las licencias otorgadas ilegalmente y se sancione a los funcionarios públicos y privados involucrados en estos actos de corrupción.

La corrupción inmobiliaria es un problema que aqueja a varias alcaldías de la Ciudad de México, donde se han construido edificios que ponen en riesgo la seguridad, el patrimonio y la calidad de vida de los habitantes. Por ello, es necesario que la Fiscalía amplíe su investigación a otras demarcaciones y que se garantice el derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente sano para todos los ciudadanos.

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