La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado su visto bueno a una reforma impulsada por Morena en el 2022, la cual establece un límite a los gastos adicionales en los que los estados y municipios pueden incurrir al contraer deuda pública. Esta medida, que fue impugnada por 44 senadores de oposición, ha sido respaldada por el Pleno de la Corte en una sesión pública.
El artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que fue modificado por el decreto del 10 de mayo del 2022, establece que los gobiernos locales solo pueden destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación de la deuda.
Estos gastos incluyen omisiones de apertura, disposición, costos por la contratación de calificadoras, y de instrumentos derivados, entre otros. El ministro Luis María Aguilar Morales, encargado de presentar el proyecto de validación de la reforma, argumentó que esta medida busca garantizar que el endeudamiento de los entes públicos se realice al menor costo financiero posible.
Según Aguilar, el Poder Legislativo Federal tiene la facultad de establecer mecanismos para asegurar condiciones de mercado favorables en el endeudamiento local y municipal.
¿Cuál es el objetivo?
La reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión el 5 de abril del 2022, con el objetivo de evitar que un porcentaje significativo de los financiamientos se destinen a pagar gastos de asesores, comisiones o intereses, en lugar de ser destinados a la inversión productiva o la reestructuración de la deuda.
La impugnación de la reforma llegó a la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por 44 senadores de oposición, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong y Emilio Álvarez Icaza.
La validación de esta medida por parte de la Corte Suprema de Justicia supone un paso importante en el control de los gastos relacionados con la contratación de deuda pública por parte de los estados y municipios, y se espera que contribuya a una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas a nivel local.
