Corte ordena a UIF transparentar contratos de Pegasus
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe hacer públicos los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya celebrado para la adquisición del software de espionaje Pegasus.
Esta decisión se produce después de que la Consejería Jurídica de Presidencia presentara dos recursos de revisión contra las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenaban la divulgación de los contratos.
En la votación del pleno de la SCJN, los proyectos del ministro Alberto Pérez Dayán se aprobaron por mayoría de nueve votos. Sin embargo, las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres se opusieron a la decisión. Lo anterior al argumentar que la reserva de dicha información por motivos de seguridad nacional es justificada.
La Secretaría de Hacienda había clasificado los contratos de Pegasus como «reservados» debido a cuestiones de seguridad nacional, negándose a entregar la información. La dependencia federal había reservado la información por cinco años después de que se presentaran dos solicitudes en 2021 a través de la plataforma nacional de transparencia.
Esto tras las declaraciones de Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, sobre el gasto de 32 millones de dólares en la compra del software de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con esta resolución de la SCJN, se confirman los criterios del INAI para hacer públicos los contratos celebrados para la adquisición de Pegasus. Organizaciones ciudadanas denuncian que el ejército mexicano utilizó el software para espiar a periodistas. Así como a defensores de derechos humanos.
Es importante destacar que la información solicitada se basa en los datos proporcionados por el extitular de la UIF, Santiago Nieto. Lo anterior en 2021 durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese momento, el gobierno de la Cuarta Transformación se comprometió a llevar a cabo investigaciones administrativas y penales contra los funcionarios públicos involucrados. Con el fin de esclarecer posibles casos de evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Así como el destino de los más de 32 millones de dólares utilizados para adquirir Pegasus a través de empresas ficticias.
