La organización Causa en Común ha expresado su preocupación por el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó desmilitarizar la Guardia Nacional y devolverle el mando civil. Esta asociación civil considera que el Gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han acatado la decisión judicial y han mantenido el control militar de la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 con la promesa de que sería una institución civil.

Antecedentes de la sentencia

En un comunicado, Causa en Común recordó que en abril del año pasado la SCJN declaró inválido un decreto que militarizó oficialmente a la Guardia Nacional y ordenó al Congreso y al Ejecutivo Federal regresar la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, la organización señala que el 1 de enero de este año era la fecha límite para cumplir con esta orden y hasta el día de hoy no se ha emitido comunicado alguno por parte de las autoridades para informar cómo se ha cumplido con dicha sentencia.

Causa en Común subraya la “extrema gravedad” de la situación, ya que en medio de la peor crisis de inseguridad en el país, la Guardia Nacional no ha sido construida como una institución civil, sin los adecuados procesos de selección, capacitación y profesionalización. Según la organización, las Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir responsabilidades de seguridad pública y su presencia en las calles viola los derechos humanos de los ciudadanos.

En ese sentido, la organización cuestiona al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, sobre si el Ejército se encuentra del lado de la ley, representada en su máxima expresión institucional por la Suprema Corte. Asimismo, recuerda que el presidente López Obrador envió una reforma legal en 2022 para trasladar el control de la Guardia Nacional al Ejército, a pesar de haber prometido mantenerla civil.

Recomendaciones y denuncias contra la Guardia Nacional

Desde su creación, la Guardia Nacional ha recibido 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a los derechos de los ciudadanos. Además, diversas organizaciones civiles han denunciado casos de espionaje contra periodistas y activistas. Asociaciones civiles de derechos humanos han señalado que la Guardia Nacional ha contribuido a la militarización del país sin obtener resultados positivos en materia de seguridad, ya que las tasas de desapariciones y homicidios continúan siendo alarmantes.

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