Las autoridades federales confirmaron que cuatro integrantes de la banda delictiva “Los Tolmex” fueron sentenciados por delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas exclusivas militares. Estos sujetos fueron identificados como responsables de la privación ilegal de la libertad de dos víctimas, cuyos casos fueron acreditados mediante diversas pruebas presentadas durante el proceso judicial federal.

Sentencias superiores a medio siglo de prisión

Los hechos se remontan a 2012, cuando elementos de seguridad detuvieron a Leonardo Sales Andrade, alias “El Tolmex”, señalado como pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, previamente sentenciada y hermana de Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial.

Junto a él fueron capturados Ricardo Sales Andrade “El Pelón”, José Alberto Rivero Martínez “El Albert” y Alejandro Roque Velázquez “El Diablo”, todos ubicados en territorio mexiquense durante un operativo.

Tras su detención, los implicados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, donde quedaron bajo disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Desde entonces, las autoridades establecieron que pertenecían a una célula criminal dedicada al secuestro operando en la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México, con antecedentes de violencia y armamento exclusivo militar.

Multas y condenas dictadas por juez federal

Con las evidencias presentadas por el Ministerio Público Federal, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México dictó el fallo condenatorio, imponiendo 58 años de prisión a “El Tolmex” y 57 años a “El Albert”, además de multas por 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos, respectivamente.

Por su parte, “El Pelón” y “El Diablo” fueron condenados a 54 años de prisión y una multa de 251 mil 90 pesos, al acreditarse su participación directa en los secuestros. Actualmente, los cuatro sujetos cumplen sus sentencias en distintos centros penitenciarios federales, luego de una serie de procedimientos judiciales que confirmaron su responsabilidad.

La resolución representa un golpe significativo contra estructuras criminales locales, además de reafirmar la capacidad institucional para procesar delitos de alto impacto en la región mexiquense.

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