En un giro inesperado del caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, un juez federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Borge enfrenta acusaciones por lavado de dinero, y esta decisión podría abrir la puerta a su liberación, siempre y cuando se realice un cambio adicional en la medida de prisión preventiva asociada al delito de delincuencia organizada.

Condiciones del cambio a prisión domiciliaria para Borge

De acuerdo con información de Reforma, el juez estaría dispuesto a conceder el cambio de medida, pero bajo ciertas condiciones. Se espera que Borge realice un pago de 10 millones de pesos y utilice un brazalete electrónico para monitorear su ubicación. En caso de ser condenado finalmente, se establece que deberá regresar a prisión. Estas condiciones adicionales buscan garantizar que el exgobernador cumpla con las disposiciones legales mientras está bajo arresto domiciliario.

Jurisprudencia en acción: revisión de prisión preventiva tras dos años de reclusión

El cambio de medida se fundamenta en una jurisprudencia que obliga a revisar la prisión preventiva después de dos años de reclusión. Según el Poder Judicial, el juez determinó que las circunstancias que llevaron a la imposición de la prisión preventiva ya no son las mismas y que no existen elementos que indiquen un riesgo inminente de fuga por parte de Borge.

Roberto Borge enfrenta tres procesos en el fuero común, aunque hasta la fecha solo existen dos recursos en su contra, y no está sujeto a prisión preventiva en ninguno de ellos. Sin embargo, el principal obstáculo para su liberación es el proceso por delincuencia organizada. En la justicia local de Quintana Roo, persisten dos procesos en su contra, uno por peculado, vinculado al presunto desvío de 594 millones de pesos y a la subcontratación de servicios aéreos a la empresa estatal ‘VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V’.

Delitos y procesos: detalles de las acusaciones contra Borge

El primero de los procesos locales involucra acusaciones de peculado, relacionado con el presunto desvío de 594 millones de pesos y la contratación de servicios aéreos. El segundo proceso se centra en el delito de aprovechamiento ilícito del poder, derivado del pago de 594 millones de pesos a la mencionada empresa estatal. Ambos procesos siguen activos en la justicia local de Quintana Roo.

Con la aprobación de la prisión domiciliaria y las condiciones asociadas, el caso de Roberto Borge toma un nuevo rumbo. La incertidumbre persiste sobre si logrará la liberación completa y qué impacto tendrán los procesos legales en curso en su futuro. El exgobernador, quien ha sido una figura polémica en la política mexicana, se encuentra en medio de un proceso legal que continuará generando atención pública y debate jurídico.

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