Durante el año 2024, la lucha por la despenalización del aborto en México tuvo un avance significativo, con la aprobación de la interrupción del embarazo en 10 estados del país. De estos, 7 estados lograron la despenalización a través de reformas legislativas, mientras que 3 más lo hicieron a través de resoluciones judiciales.
Sin embargo, a pesar de este avance en materia de derechos reproductivos, uno de los principales retos que aún enfrenta el país es la regulación de la objeción de conciencia en la práctica del aborto.
Iniciativa pendiente
El Gobierno federal ha mantenido pendiente la iniciativa de ley para regular este derecho, a pesar de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2021. Maribel Luna-Martínez, enlace de Incidencia Política en Católicas por el Derecho a Decidir, destacó la falta de regulación en este tema como un obstáculo para garantizar el acceso a los servicios de aborto.
La falta de claridad en la objeción de conciencia ha dificultado que las mujeres y personas gestantes puedan acceder de manera segura y legal a la interrupción del embarazo, ya sea por motivos voluntarios o en casos de violación.
La Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, resuelta por el pleno de la Corte, estableció que si bien la objeción de conciencia es un derecho del personal de salud, esta no debe obstaculizar el derecho de las mujeres a abortar. En consecuencia, se exhortó al Congreso de la Unión a regular este derecho en el marco de la Ley General de Salud.
En 2023, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y establecer límites claros en el ejercicio de la objeción de conciencia. Sin embargo, a la fecha, este proyecto aún no ha sido analizado en el Senado de la República, lo que ha generado incertidumbre en torno a la garantía de los servicios de aborto en el país.
Las propuestas de reforma incluyen la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor en todas las unidades de salud, así como la creación de un mecanismo de registro para identificar a los profesionales que ejercen este derecho. Organizaciones a favor del aborto han llamado a una mayor regulación a nivel hospitalario para garantizar un acceso efectivo a los servicios de interrupción del embarazo.
A nivel estatal, la mayoría de las legislaciones de salud no cuentan con una definición clara sobre la objeción de conciencia, ni establecen límites para su ejercicio. A pesar de ello, entidades como Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala han incluido la obligación de contar con personal no objetor en sus leyes locales.
Si bien el 2024 fue un año histórico para la Marea Verde en México con la despenalización del aborto en 10 estados, aún quedan pendientes importantes como la regulación de la objeción de conciencia para garantizar el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en el país.