José Asunción Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, y militante del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido este sábado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas al Rancho Izaguirre.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad federal, el alcalde es investigado por su supuesta omisión ante hechos relacionados con delincuencia organizada, ya que habría tenido conocimiento de lo que ocurría en el predio sin haber tomado acción alguna. El rancho, ubicado en una zona de difícil acceso, fue asegurado en marzo tras el hallazgo de tres crematorios clandestinos, posibles evidencias de desapariciones forzadas y objetos personales como zapatos, prendas de vestir y cartas de despedida.

Según la FGR, el Rancho Izaguirre operaba desde 2021 —el mismo año en que Murguía asumió el cargo— como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, afirmó que ya se han iniciado 14 procesos judiciales relacionados con el caso, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas. Asimismo, advirtió que continuarán las detenciones contra autoridades locales presuntamente involucradas.

Previo a su arresto, Murguía Santiago había expresado públicamente estar dispuesto a colaborar con las investigaciones. En una entrevista concedida al medio local El Occidental en marzo, aseguró desconocer las actividades ilegales en el rancho y se declaró inocente: “Si me investigan, que me investiguen. Yo estoy limpio y dispuesto a declarar lo que sé”, manifestó entonces. También mostró preocupación por el impacto negativo que este caso pudiera generar en el turismo y comercio local.

Pese a que colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguran haber encontrado restos humanos y zonas de incineración clandestina, Gertz Manero negó recientemente que existan pruebas concluyentes sobre el uso del rancho como crematorio. En conferencia de prensa del pasado 29 de abril, el fiscal afirmó que si bien se hallaron fragmentos óseos en una pequeña vasija y restos de fogatas, no se ha acreditado la existencia de un centro de cremación en el lugar.

La situación ha generado reacciones entre organizaciones nacionales e internacionales. Amnistía Internacional exigió a la FGR considerar las pruebas recabadas por las familias y colectivos, incorporar peritos independientes y profundizar en la investigación de posibles omisiones de autoridades. “El país no puede tolerar más zonas de impunidad”, expresó la organización en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El pasado viernes, el colectivo Guerreros Buscadores volvió a ingresar al Rancho Izaguirre con respaldo judicial para supervisar los trabajos de prospección realizados por la FGR. Las labores continúan bajo fuerte resguardo de autoridades federales, mientras persiste la exigencia social de justicia y transparencia.

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