Ana María “N”, de 53 años, fue vinculada a proceso y enfrentará prisión preventiva justificada tras el escalofriante hallazgo de 14 perros desnutridos, cuatro más sin vida y restos óseos de animales dentro de su domicilio en la colonia Jacarandas II, al oriente de la capital potosina.

La intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE) ocurrió el pasado 7 de junio luego de un reporte ciudadano que alertaba sobre malos olores y constantes aullidos provenientes del interior de una vivienda. Lo que encontraron fue impactante: perros en condiciones de extrema desnutrición, rodeados de basura, restos de animales y un ambiente insalubre que evidenciaba un prolongado abandono y maltrato.

Los vecinos y activistas que llegaron al lugar describieron una escena de terror. Algunos de los animales fallecidos presentaban signos de haber sido quemados, mientras que los vivos apenas podían moverse entre los desechos. El olor a descomposición era tan intenso que podía percibirse desde la calle.

Fátima Ramírez Martínez, activista de la Fundación “Huellitas”, señaló que tanto Ana María “N” como su hija, Constanza Monserrat “F”, ya habían sido señaladas anteriormente por prácticas similares en el fraccionamiento Valle de Jacarandas, donde supuestamente recogían perros abandonados o incluso robaban mascotas, sin brindarles ningún tipo de cuidado.

“Se les había denunciado antes y nadie hizo nada. Ahora hay vidas perdidas”, reclamó la activista. Ramírez compartió imágenes crudas en redes sociales que mostraban la magnitud del maltrato, provocando una fuerte reacción social y el llamado urgente a las autoridades.

Los 14 perros que lograron sobrevivir fueron trasladados de inmediato a clínicas veterinarias tanto en la capital como en Soledad de Graciano Sánchez, donde reciben atención médica especializada. La asociación “Salvando Huellitas” gestionó hogares temporales en la colonia Simón Díaz para garantizar su recuperación física y emocional.

“Muchos de ellos están traumatizados, pero tienen ganas de vivir. No vamos a dejarlos solos”, aseguró Ramírez Martínez.

Durante la audiencia celebrada este jueves, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) presentó pruebas contundentes que evidenciaron las condiciones de los animales y del domicilio. Ante esto, un juez de control ordenó prisión preventiva justificada para Ana María “N”, quien permanecerá recluida mientras avanza el proceso legal.

Las autoridades también investigan la posible implicación de su hija, aunque aún no se ha confirmado su situación jurídica.

De acuerdo con el artículo 317 del Código Penal del Estado, la imputada podría enfrentar penas de 1 a 2 años de prisión y multas de hasta 400 días de UMA por la muerte de los animales, además de una posible inhabilitación de hasta 3 años para participar en cualquier actividad relacionada con el cuidado de mascotas. Por abandono con riesgo de vida, podría sumar otros 6 meses a 1 año de prisión.

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