El municipio de Tequila, Jalisco, quedó en el centro de una investigación federal tras los señalamientos contra su presidente municipal, Diego “N”, por delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República lo acusa de participar en secuestros con fines políticos, presuntamente cometidos durante el proceso electoral municipal de 2021. Según la acusación, dos precandidatos de Morena fueron privados de la libertad para obligarlos a abandonar la contienda por la alcaldía.

Las víctimas fueron Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, aspirante titular y suplente, quienes habrían sido forzados a firmar su renuncia. La FGR sostiene que la operación fue ordenada por Diego “N” para imponer a otro perfil político afín a su grupo.

Imputaciones y estructura criminal

La audiencia inicial se realizó en el penal federal de Almoloya de Juárez, donde el alcalde compareció junto a otros dos funcionarios municipales. Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, también fueron imputados por delincuencia organizada.

Las autoridades federales sostienen que los hechos se ejecutaron con apoyo logístico, uso de fuerza ilegal y respaldo de una estructura delictiva. En su exposición, la Fiscalía señaló presuntos vínculos del grupo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Secuestro agravado y prisión preventiva

Además del caso político, Diego “N” enfrenta una acusación adicional por secuestro agravado en perjuicio de un comerciante local. La víctima habría sido privada de la libertad por negarse a pagar derecho de piso, práctica vinculada a esquemas de extorsión regional.

Durante la audiencia se presentaron entrevistas, informes de inteligencia, artículos periodísticos y escuchas telefónicas como datos de prueba. La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional a 144 horas, petición que fue concedida por el juez de control.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecerán en penales de máxima seguridad. El caso expone la posible captura criminal de un gobierno municipal, así como el uso del poder político para fines ilícitos.

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