La diputada Laura Ballesteros, del partido Movimiento Ciudadano, ha presentado una iniciativa de reformas constitucionales que busca eliminar la criminalización de la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas en México.

Ballesteros argumenta que la política pública en torno a estas sustancias no debe centrarse en la penalización, sino en establecer un marco regulatorio que permita al Estado recaudar impuestos para destinarlos a la salud y seguridad de la población.

En una declaración realizada desde el Palacio de San Lázaro, la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso aseguró que la aplicación de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al mercado de las drogas podría resultar en una recaudación anual de hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos, lo que equivale al 12% del Presupuesto de Egresos, el doble del presupuesto destinado a salud y casi tres veces el presupuesto educativo.

Ballesteros destacó que una de las intenciones de esta propuesta es poner fin a la guerra iniciada por el prohibicionismo, privando a las organizaciones criminales de una de sus principales fuentes de ingresos y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública en lugar de una política criminal.

Según la diputada, las políticas prohibicionistas han contribuido a la creación de un mercado negro y al fortalecimiento de organizaciones criminales que recurren a actos violentos para proteger sus intereses económicos ilícitos.

La iniciativa de reforma constitucional, que busca modificar los artículos cuatro y 73 de la Constitución, ha sido enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis. En caso de ser aprobada, facultaría al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre las sustancias psicoactivas.

Además, se prevé que el Ejecutivo emita lineamientos para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de estas sustancias, mientras que las legislaturas locales deberán adaptar sus normativas para cumplir con el decreto.

Esta propuesta pretende abrir un debate en el que se involucren diversos sectores sociales, a través de ejercicios de parlamento abierto, con el objetivo de encontrar una solución efectiva y equitativa para abordar el tema de las sustancias psicoactivas en México.

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