La diputada federal panista, Wendy Maricela Cordero González, ha presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de garantizar la certeza jurídica de los certificados de nacimiento en México. La propuesta busca reformar los artículos 389 bis y 389 bis 1 de la Ley General de Salud para digitalizar los certificados desde su origen.

En la actualidad, la estadística de nacimientos en México se obtiene de los registros administrativos proporcionados por el Registro Civil mediante las actas emitidas al momento de su inscripción. Sin embargo, esta información se integra de manera anual, lo que puede generar retrasos y errores en la expedición de los certificados de nacimiento.

La iniciativa destaca que el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y a la identidad constituye el primer derecho que se convierte en la llave de acceso a otros derechos esenciales, como la salud, educación, protección e inclusión en la vida económica, cultural y política del país.

Lamentablemente, este derecho ha sido deficiente para una parte de la población mexicana. Según las estadísticas, seis de cada diez personas sin registro de nacimiento en el país son niñas, niños o adolescentes, y se concentran principalmente en los estados del sur y centro.

Los estados con las coberturas más bajas de registro son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Puebla y Morelos. Precisamente, en los municipios con mayor número de población hablante de alguna lengua indígena y con un grado de marginación alto y muy alto se encuentra la mayor cantidad de población sin registro de nacimiento.

El certificado de nacimiento es un documento de identidad que permite a los niños y niñas ingresar a la escuela, obtener reconocimiento legal de sus estudios y acceder a servicios básicos de salud y seguridad social, así como recibir apoyos económicos para ellos y sus familias. Además, carecer de este registro puede exponerlos fácilmente a peligros como la trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales y reclutamiento forzado.

La propuesta de reforma plantea que los profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente estén obligados a digitalizar los certificados de nacimiento en el sistema electrónico que disponga la Secretaría de Salud.