Las diputadas priistas Lorena de la Garza y Perla Villarreal han puesto en marcha acciones para buscar el desafuero del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, luego de que se expusieran supuestos casos de corrupción que involucran al mandatario regio y a su familia.
Las acusaciones provienen de medios nacionales, específicamente de Latinus, que revelaron presuntas triangulaciones desde el DIF estatal hacia una empresa y posteriormente hacia el despacho particular de Samuel García y su padre.
De acuerdo con la información proporcionada, el consorcio empresarial en cuestión habría recibido contratos por 820 millones de pesos durante la administración de García, para luego pagar 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su padre.
Juicio político
Ante esta situación, las diputadas priistas han expresado la necesidad de avanzar en el proceso del juicio político contra el gobernador y explorar la posibilidad del desafuero, considerando que los presuntos actos de corrupción podrían estar hipotecando el futuro de Nuevo León bajo el amparo del fuero político de García.
Según Lorena de la Garza, el crecimiento desproporcionado en los ingresos de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia, que pasaron de facturar 632 millones de pesos entre 2015 y 2021, a 1,781 millones de pesos de 2021 a 2024, refleja un patrón sistemático de corrupción que merece ser investigado a fondo. Por ello, se ha solicitado a la Auditoría Superior del Estado que examine los contratos otorgados desde el DIF para esclarecer la presunta malversación de recursos públicos.
MC responde
Por su parte, Eduardo Gaona, coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, ha respondido a las acusaciones contra García acusando corrupción en el PRI y el PAN, y señalando posibles malos manejos en el municipio de Lampazos, donde el alcalde panista José Luis Santos Martínez estaría construyendo 12 departamentos en Texas con un sueldo mensual de 35 mil pesos.
Gaona ha presentado una solicitud de auditoría especial al municipio de Lampazos ante diversas instancias, con el objetivo de investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito por parte del alcalde panista.
Asimismo, ha instado a las autoridades correspondientes a indagar a fondo sobre los ingresos y patrimonio de Santos Martínez en los períodos 2012-2015 y 2018-2021, con el fin de fincar responsabilidades pertinentes.





