Una propuesta legislativa del diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, ha encendido un acalorado debate en redes sociales y en el ámbito legal al proponer penas de hasta 9 años de cárcel para quienes utilicen Inteligencia Artificial (IA) para generar stickers, memes o imágenes con el propósito de burlarse de ciudadanos o servidores públicos.

La iniciativa, defendida por el legislador bajo el argumento de combatir el ciberacoso, el daño psicológico y la suplantación de identidad, generó una reacción inmediata en su contra, obligándolo a dar marcha atrás en la protección específica a funcionarios.

La Propuesta que Desató la Furia Digital

El diputado Corona Arvizu, cuya propuesta incluía originalmente penas más severas en caso de que las víctimas fueran servidores públicos, se convirtió en blanco de la misma sátira digital que busca castigar. Usuarios en redes sociales, al conocer la iniciativa, desataron una ola de contenido ofensivo y burlas contra el legislador.

La presión fue tal que el diputado se vio obligado a proteger las publicaciones de su cuenta de X (anteriormente Twitter) para mitigar las agresiones recibidas. Finalmente, en un movimiento que refleja la intensa crítica, Corona Arvizu decidió retirar de la iniciativa la parte de protección a servidores públicos.

El proyecto se enfocará ahora en conservar la defensa para grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, dejando de lado la polémica protección a la clase política.

¿Libertad de Expresión en Riesgo?

El aspecto más cuestionado de la propuesta es su potencial impacto en la libertad de expresión. Usuarios y expertos han señalado que la creación de contenido digital satírico como memes y stickers es parte intrínseca de la vida cotidiana en internet y una herramienta común de crítica social y política en el contexto mexicano.

Expertos en materia legal han opinado que, de recibir la aprobación, la propuesta se vería entorpecida por cuestiones legales de fondo. La sátira y la crítica son derechos de expresión y opinión fundamentales en México, lo que plantearía un conflicto constitucional si una ley castigara penalmente la burla hacia figuras públicas, incluso utilizando tecnología de IA.