La frustrante práctica del ‘ghosting’ laboral, donde los candidatos quedan en un limbo informativo tras una entrevista, podría tener sus días contados. El diputado de Morena, Armando Corona, ha encendido el debate en la Cámara de Diputados al presentar una iniciativa que busca obligar legalmente a las empresas a notificar a los postulantes sobre el estado de sus candidaturas.

La propuesta, impulsada bajo el argumento de la «dignificación laboral», busca inyectar transparencia y certeza en los procesos de reclutamiento, poniendo fin a la incertidumbre que viven miles de buscadores de empleo en el país.

El Corazón de la Ley: Un Plazo Fatal de 45 Días

El diputado Corona quiere establecer un mandato claro: los empleadores deberán responder a los candidatos en un plazo máximo.

“Los empleadores que realicen entrevistas para la ocupación de vacantes, estarán obligados a informar, por escrito, correo electrónico o cualquier medio… al candidato sobre el estado de su postulación dentro de un plazo máximo de 45 días posteriores a la entrevista”, establece la iniciativa, según palabras del propio legislador.

En esencia, si un candidato asiste a una entrevista, la empresa tendrá poco más de un mes para notificarle si la vacante fue cubierta por otro aspirante o cuál es el estatus final de su postulación. La medida surge, según Morena, ante las crecientes quejas en redes sociales sobre la total ausencia de respuesta tras haber invertido tiempo y esfuerzo en procesos de selección. La meta es simple: que nadie se quede esperando indefinidamente una llamada que jamás llegará.

La Reacción en Redes: Entre el Aplaudo y el Escepticismo

Aunque la propuesta toca una fibra sensible en el público general que ha experimentado el silencio empresarial, no ha estado exenta de críticas. El debate se ha polarizado rápidamente en las plataformas digitales, donde se cuestiona tanto la necesidad como la practicidad de la ley:

1. ¿Regulación Exagerada? Una parte de los usuarios considera la regulación como «muy exagerada», señalando que muchas plataformas de empleo ya ofrecen un seguimiento del estatus del proceso, haciendo la ley redundante.
2. Riesgo de Automatización: Existe la preocupación de que, para cumplir con el plazo de 45 días, las empresas recurran a herramientas automatizadas de respuesta masiva que, si bien notifican, no garantizan una evaluación personal y profunda de los currículums ni los criterios de la empresa para la selección.
3. Carga Administrativa: Otros críticos señalan que en procesos con alta demanda o miles de aspirantes, el esfuerzo por cumplir con la notificación a cada uno podría convertirse en una carga administrativa excesiva, distrayendo a los departamentos de Recursos Humanos de su objetivo principal: realizar la contratación. Comentarios como “es difícil hacerla cumplir” resumen el escepticismo sobre la implementación práctica.