El pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso importante en materia de seguridad al aprobar por unanimidad el proyecto de reformas al artículo 21 constitucional para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad.

Con la aprobación de este dictamen, la Secretaría de Seguridad contará con atribuciones para investigar delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, entre otras funciones. Las reformas, avaladas con 441 votos de todos los grupos parlamentarios, han sido enviadas a las legislaturas locales para su discusión y eventual aprobación.

Entre los aspectos más relevantes de esta reforma se establece que la Secretaría de Seguridad podrá auxiliar a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno y solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso la creación de un Secretariado Ejecutivo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este Secretariado, además de emitir bases, acuerdos y lineamientos, podrá homologar estándares y criterios en materia de seguridad, en el marco de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, será el responsable de auditar y vigilar los fondos de ayuda federal otorgados a los estados en materia de seguridad pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió la semana pasada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de esta reforma.

Harfuch destacó que el objetivo de estas modificaciones es fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad.

Con estas acciones, se busca mejorar la eficiencia de las investigaciones y detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias, priorizando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.

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