El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad la reforma que contempla la extinción de siete órganos autónomos en México. Sin embargo, se admitió una reserva por parte de Morena y sus aliados para la creación de una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta nueva autoridad, según indicó el legislador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, tendrá la facultad de prevenir, investigar y combatir los monopolios, además de regular asimétricamente a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

Ramírez Cuéllar destacó que esta autoridad contará con herramientas para imponer multas, acortar los periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial para acelerar el proceso de sanciones.

Asimismo, resaltó que esta medida es congruente con lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y permitirá generar mayor competencia económica en el país.

La propuesta de modificación al artículo 28 constitucional, que incluye la creación de esta nueva autoridad, fue aprobada en lo particular con 332 votos a favor y 119 en contra. Posteriormente, el proyecto de reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución fue enviado al Senado de la República para su análisis y ratificación.

Órganos autónomos que desaparecerán

Entre los cambios más destacados se encuentra la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como órganos autónomos.

Además, se contempla la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Asimismo, se establece que en el caso del litio y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se otorgarán concesiones a particulares, en respuesta a una propuesta presentada por el Partido del Trabajo (PT).

Estas reformas constitucionales representan un cambio significativo en la estructura regulatoria del país y han suscitado opiniones encontradas tanto a favor como en contra.

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