En una sesión que duró más de dos horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos (LFD) que contempla incrementos en el cobro de algunos servicios como la minería y los servicios migratorios.

Con 344 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones, el dictamen fue aprobado en lo general y se dio paso a la discusión en lo particular.

Uno de los cambios más significativos que plantea esta ley es el incremento en la tasa de derecho especial sobre minería, que pasará de 7.0 a 8.5% sobre los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva.

Asimismo, se propone aumentar la tasa de derecho extraordinario sobre minería de 0.5 a 1.0% sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de oro, plata y platino.

Otro de los puntos que generó controversia fue el aumento del 20% en la cuota por prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, lo que significa un incremento de 185.91 a 223.09 pesos.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, expresó su desacuerdo con la aprobación de la ley debido a que implica la implementación de cargos a escuelas de aviación, viajeros en los aeropuertos y empresas mineras. Según el legislador, esto no fomenta la equidad en la distribución de la riqueza.

Por otro lado, el diputado de Morena, José Armando Fernández Samaniego, destacó que entre las modificaciones a la LFD se incluye la exención del pago de derechos por servicios de telecomunicaciones a comunidades indígenas y afromexicanas, buscando promover el desarrollo integral de la sociedad.

Una vez aprobada la Ley Federal de Derechos en lo general, se espera que la discusión en lo particular dé inicio a la revisión y posible modificación de algunos puntos.

Posteriormente, se llevará a cabo la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que se prevé sea aprobada en el pleno de la cámara baja esta misma tarde o noche del martes.

Con estas reformas en la Ley Federal de Derechos, el gobierno busca mejorar la recaudación de ingresos y asegurar una redistribución equitativa de los recursos en beneficio de la sociedad mexicana.

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