Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia; en ella se propone suspender el derecho a ocupar un cargo público a las personas con sanciones por violencia familiar, delitos sexuales, así como deudores alimentarios.
Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, los legisladores aprobaron la propuesta por mayoría calificada; misma que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución; tras ello, la iniciativa se envió al Senado.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, indicó que las acusaciones de que esta reforma buscaba “perseguir”, provienen desde el miedo.
También te puede interesar:
“El hecho de que no lleguen agresores a la Cámara de Diputados, al servicio público, que no pueden estar al frente del poder, quiere decir que todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres; y que nos hacían sentir ciudadanas de segunda y todavía nos hacen sentir avergonzadas si nos violaban, ya no serán más”, mencionó.
La iniciativa 3 de 3 reforma el artículo 38 de la Constitución para de esta manera suspender a aspirantes a cargos de elección popular “por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos; delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual”.
De igual manera, modifica el artículo 102 de la Constitución en el que para ser titular de la Fiscalía General de la República es necesario tener ciudadanía mexicana por nacimiento, “en ejercicio de sus derechos”; así como no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.