México avanza hacia un castigo uniforme contra el feminicidio, luego de que la Cámara de Diputados aprobó reformas para homologar el delito en todo el país y eliminar diferencias entre estados.

La iniciativa establece una pena única nacional de entre 45 y 65 años de prisión, con el objetivo de evitar sentencias desiguales. Hasta ahora, los castigos variaban significativamente, con mínimos de 25 a 40 años, dependiendo de la entidad.

Además, la reforma obliga a las fiscalías estatales a aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género desde el inicio, buscando mejorar la atención de los casos y evitar omisiones. También contempla agravantes: las penas podrán aumentar hasta en un tercio si existe parentesco, relación laboral, o si la víctima es menor de edad o tiene discapacidad.

El cambio responde a la presión social ante la violencia de género en el país y a las demandas de colectivos que han denunciado vacíos legales. La homologación busca impedir que agresores obtengan beneficios por diferencias en legislaciones locales.

Durante el debate, legisladores coincidieron en que la medida es un paso relevante, aunque insuficiente por sí sola. Advirtieron que su efectividad dependerá de capacitación a ministerios públicos y mayor presupuesto para fiscalías especializadas.

En México, el feminicidio sigue siendo un problema estructural. Con esta reforma, el Congreso busca enviar un mensaje de mayor rigor legal y avanzar hacia una justicia más uniforme en todo el territorio.