Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una nueva legislación que transforma el modelo de seguridad ciudadana en México, con enfoque integral.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece bases normativas para un modelo sustentado en la prevención del delito, profesionalización policial e inteligencia estratégica, según explicaron legisladores.

La iniciativa fue respaldada por la mayoría parlamentaria y promovida principalmente por Morena. Fue presentada como una respuesta urgente a fallas estructurales del sistema de seguridad. Jessica Saiden Quiroz, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, defendió el dictamen como una herramienta que busca atender reclamos sociales largamente postergados.

En tribuna, la legisladora explicó que esta nueva ley permitirá armonizar políticas públicas entre los tres niveles de gobierno bajo principios de colaboración, transparencia y enfoque en resultados. La diputada destacó que esta legislación materializa lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, dotando a la SSPC de un marco normativo para mejorar su eficiencia institucional.

Enfoque estratégico: gasto racional, inteligencia y formación policial

Uno de los ejes clave de esta reforma es la racionalización del gasto en seguridad, priorizando el seguimiento, evaluación y resultados antes que el simple aumento presupuestal. La ley dispone la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en la supervisión del uso de recursos públicos, con nuevos mecanismos de rendición de cuentas y control.

Se crea también un plan rector para la formación y certificación policial, con estándares nacionales, régimen disciplinario claro y exigencias éticas para todos los cuerpos de seguridad. El objetivo es profesionalizar a las corporaciones desde una lógica de servicio ciudadano, con personal capacitado, confiable y comprometido con los derechos humanos y la legalidad.

Además, se establece la obligación de actualizar diariamente los registros nacionales con datos verificados, buscando fortalecer la interoperabilidad y la respuesta frente a fenómenos delictivos emergentes. La información recabada deberá estar alineada con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación, mejorando la toma de decisiones operativas e institucionales a nivel federal.

Por otro lado, se prevén mecanismos de colaboración entre los poderes ejecutivos y judiciales para diseñar políticas públicas desde una visión integral de seguridad y justicia. La ley reconoce que la seguridad no puede depender únicamente de la policía, sino del compromiso transversal de todas las instituciones del Estado mexicano.

Con esta legislación, se espera un sistema más eficiente, con mejores controles, personal capacitado y una política de seguridad basada en resultados, inteligencia y responsabilidad institucional.

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