Por unanimidad, la Cámara de Diputados reformo el artículo 15 del Código Penal Federal para eliminar la exclusión de delitos bajo el concepto de “trastorno mental y desarrollo intelectual retardado” por considerarlos discriminatorios. En su lugar incluyeron el termino “discapacidad mental o intelectual”.

Con esto se establece que “el delito se excluye cuando una persona al momento de realizar el hecho delictivo no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito en virtud de padecer discapacidad mental o intelectual”.

No obstante, los diputados aprobaron mantener en el Código Penal Federal la disposición de sancionar a quienes cometan delitos cuando la discapacidad de la persona se encuentre disminuida. La pena podrá ser de hasta dos terceras partes de acuerdo al delito cometido e incluso podrá ser sujeto a internamiento para recibir atención,

El dictamen se turnó al Senado de la Republica para su validación

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales Rubio, presentó una iniciativa para modificar la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la CDMX, con la cual se busca hacer los ajustes necesarios en el procedimiento del sistema de justicia local, cuando existan situaciones de desventajas por discapacidad.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres, establece el documento turnado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del órgano legislativo turnado a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictaminación.

“Las personas que presentan algún tipo de discapacidad lo que requieren es que las autoridades encargadas de impartir justicia tengan los conocimientos y capacitación necesaria para respetar los derechos que tienen las personas con discapacidad, para auxiliarse de los recursos necesarios para estar en condiciones de igualdad hacía con otras personas, cuando se enfrentan a procedimientos administrativos o procesos judiciales”, explicó la legisladora.

Comentó que, cuando la condición de discapacidad no pone en situación de desventaja a la persona que se encuentre frente a un procedimiento administrativo, judicial o de orden jurídico, no se tendrá la obligación de llevar a cabo los ajustes en el procedimiento.

La iniciativa de la diputada propone adicionar la fracción V Bis al Artículo 4 y se reforma el Artículo 40 Quáter de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal