La Cámara de Diputados avanzó en el proceso para uniformar el marco legal en torno al feminicidio en México, al declarar constitucional una reforma que permitirá al Congreso de la Unión expedir una ley general en la materia. La medida se concreta luego de que 27 congresos estatales avalaran el proyecto.

La modificación al artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso para establecer, como mínimo, los tipos penales y las sanciones aplicables al delito de feminicidio en todo el país. Actualmente, cada entidad federativa mantiene criterios propios, lo que ha generado diferencias en la tipificación y persecución de este crimen.

Desde la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su presidenta, Kenia López Rabadán, informó que tras el cómputo de votos de la mayoría de los congresos locales y de la Ciudad de México, se emitió la declaratoria correspondiente. En el pleno, se leyó que el Congreso, en uso de sus facultades, declara reformado el artículo 73 en materia de feminicidio y turna el proyecto al Senado de la República para su revisión final.

La reforma surge de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, de aprobarse en el Senado, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. A partir de ese momento, el Congreso contará con 180 días naturales para emitir la ley general correspondiente.

El avance legislativo ocurre en un contexto marcado por altos niveles de violencia de género. En México, se estima que alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente, mientras que entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales. Esta disparidad ha sido señalada como evidencia de fallas estructurales en la clasificación e investigación de estos delitos.

La eventual ley general busca homologar criterios, evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más uniforme del Estado frente al feminicidio, sin sustituir de inmediato las normativas locales, que seguirán vigentes hasta que la nueva legislación entre en operación.

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