Con el objetivo de prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, la diputada Karla Perales, del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa de ley centrada en atender integralmente esta problemática.

La propuesta, denominada Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, busca establecer una política pública específica que permita visibilizar y enfrentar este fenómeno de forma estructural, más allá de su tratamiento penal tradicional.

Durante la presentación, Perales subrayó que, si bien el reclutamiento forzado de menores ya se encuentra tipificado en el marco legal estatal, en la práctica suele diluirse dentro de otras figuras como corrupción de menores o trata de personas, lo que impide una atención adecuada a las víctimas.

“Esta es una ley que busca abrir los ojos institucionales frente a un fenómeno que lastima lo más profundo de nuestra sociedad”, expresó la legisladora, quien insistió en que el enfoque debe ser preventivo, protector y comunitario.

La iniciativa promueve medidas para garantizar entornos seguros —en escuelas, espacios públicos y el entorno digital— y propone un enfoque de corresponsabilidad institucional para actuar antes de que las infancias sean vulneradas. La iniciativa contempla la creación de:

1. Un Comité Estatal Interinstitucional encargado de coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno.
2. Un Programa Institucional con metas específicas y mecanismos de evaluación.
3. Un Registro Estatal de Reclutamiento, con información sistematizada sobre casos, factores de riesgo y zonas de incidencia.
4. Acciones de capacitación, sensibilización y prevención, dirigidas tanto a funcionarios como a comunidades.

Además, se asignan responsabilidades explícitas a autoridades del Ejecutivo estatal, procuradurías, municipios, instituciones educativas y organismos de protección de derechos.

Perales recalcó que el objetivo principal de la ley no es únicamente sancionar, sino proteger integralmente a las infancias y restituir sus derechos cuando han sido afectados por el crimen organizado. La propuesta establece medidas de acompañamiento psicológico, educativo y social para las víctimas y sus familias.

“Cada obligación impuesta es un recordatorio de que la niñez no puede esperar”, señaló la diputada. “Un estado que calla, permite; pero un estado que protege, previene”.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Organizaciones civiles y académicas han insistido en los últimos años en la urgencia de atender el reclutamiento forzado como una crisis humanitaria, especialmente en regiones donde se ha documentado su impacto en menores de edad.

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