El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el Estado mexicano registre de manera clara y obligatoria a niñas y niños que han quedado en situación de orfandad a causa de feminicidios.

La propuesta, impulsada por los senadores priistas y encabezada por Manuel Añorve, plantea modificar la fracción IX del artículo 47 de dicha ley para incluir en el Registro Nacional de Delitos contra las Mujeres la información específica de menores afectados directamente por estos crímenes. De acuerdo con el texto presentado, esta información deberá integrarse de forma homologada con el Registro Nacional de Víctimas, conforme al artículo 104 de la Ley General de Víctimas.

Actualmente, la legislación establece la obligación de contar con un registro público y sistemático sobre los delitos contra las mujeres, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. No obstante, los legisladores señalan que este registro no contempla expresamente a los menores de edad que han perdido a sus madres por feminicidio, lo cual, argumentan, representa una omisión significativa en términos de protección y atención integral.

Según los datos recabados por los proponentes, existe una discrepancia importante entre las cifras manejadas por distintas instituciones. Mientras las fiscalías estatales reportan 2,625 casos de menores huérfanos por feminicidio entre 2021 y 2024, el Sistema Nacional DIF tiene registrados apenas 213, y las comisiones estatales de atención a víctimas reportan 2,452 casos. Esta fragmentación, advierte la iniciativa, dificulta una respuesta estatal coordinada para garantizar derechos como la protección, el acompañamiento psicosocial y la reparación del daño.

Los senadores subrayan que, aunque desde 2021 existe un protocolo oficial para atender a estas infancias, la falta de un padrón nacional unificado limita su aplicación efectiva. Por ello, buscan que la nueva disposición legal contribuya a fortalecer la coordinación interinstitucional y a visibilizar a las niñas y niños víctimas indirectas de los feminicidios. La propuesta ha sido turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

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