En México, millones de personas enfrentan todos los días un obstáculo tan cotidiano como urgente: no encontrar un baño público limpio, accesible o incluso disponible. Ahora, esa realidad podría cambiar. Una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados busca que el acceso a baños públicos sea un derecho garantizado por la Constitución, sin importar la condición física, social o económica de las personas.

Fue la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Partido Acción Nacional (PAN), quien propuso modificar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir de forma explícita el derecho al uso digno, seguro, gratuito y universal de sanitarios públicos en todo el país.

El documento, ya turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, planteó que el Estado mexicano tendrá la obligación de proveer, instalar, mantener y supervisar baños públicos con estándares adecuados de higiene y salubridad. Una medida que, de aprobarse, impactaría de forma directa en la vida diaria de millones de mexicanos.

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es su enfoque inclusivo. Establece claramente que ningún establecimiento público o privado que brinde atención al público podrá negar el acceso a sus sanitarios a:

1. Personas con discapacidad
2. Mujeres embarazadas
3. Adultos mayores
4. Niños y adolescentes
5. Personas con enfermedades crónicas
6. O cualquier persona con una necesidad urgente

Esto significa que los pretextos como «solo para clientes» o «no hay baño» dejarían de ser válidos ante la ley, cuando se trata de necesidades básicas.

En su exposición de motivos, la diputada Gutiérrez Valtierra señaló un dato preocupante: México ocupa el sexto lugar en el mundo con menor disponibilidad de sanitarios públicos. Esta carencia impacta directamente en la salud pública, la equidad, la movilidad urbana y la dignidad humana.

El problema no es menor: la falta de acceso a baños puede provocar enfermedades gastrointestinales, aumentar la exclusión social y limitar la autonomía, especialmente en grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, y personas en situación de calle.

La legisladora también subrayó que el acceso a servicios de saneamiento es un derecho humano reconocido internacionalmente, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De hecho, según cifras de la OPS:

1. Más de 1,500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento.
2. 419 millones todavía defecan al aire libre.

Este derecho también forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del ODS 3, que busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Si la iniciativa se aprueba, el Estado deberá comenzar a diseñar políticas públicas y presupuestos para la construcción, mantenimiento y supervisión de sanitarios públicos en espacios urbanos, rurales, centros comerciales, plazas, terminales de transporte y más. Además, se abriría el debate sobre las condiciones en que se encuentran actualmente los pocos baños públicos que existen en México, muchos de ellos en estado deplorable o con cobros abusivos.

El acceso a un baño no es un lujo: es un tema de salud, dignidad y derechos humanos. Aunque parezca increíble, millones de personas en México todavía enfrentan humillaciones, riesgos y enfermedades por no poder ir al baño cuando lo necesitan. Esta iniciativa podría marcar un antes y un después.

Ahora la pregunta es: ¿los legisladores estarán dispuestos a convertir esta necesidad tan básica en una prioridad nacional?