El Congreso de Hidalgo aprobó una serie de reformas para evitar que la edad mínima continúe siendo un requisito que limite el acceso a diversos cargos públicos. La medida busca que la selección de titulares y funcionarios se base en mérito, preparación y capacidad profesional, y no en criterios considerados por los legisladores como “restrictivos” y “obsoletos”.

Las modificaciones impactan directamente a organismos autónomos, áreas de seguridad pública y puestos administrativos clave. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del requisito de 30 años para presidir la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), así como para ocupar cargos de visitadores generales y la secretaría ejecutiva de este organismo.

De igual forma, fue derogado el requisito de 18 años para ingresar y permanecer en instituciones policiales estatales y municipales. También se eliminaron disposiciones que exigían 25 años para acceder al cargo de magistrado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y 35 años para ser designado auditor superior del estado.

El Congreso también retiró el requisito de 25 años para ingresar o permanecer como agente del Ministerio Público, con el fin de armonizar estas normativas con la Constitución local y permitir que personas jóvenes con formación especializada puedan participar en el servicio público.

Durante la sesión, los legisladores defendieron la eliminación de las barreras etarias, señalando que mantenerlas significaba frenar la participación de perfiles jóvenes. Argumentaron que, en un contexto social cambiante, “el mérito, el conocimiento actualizado, la capacidad de adaptación y la visión innovadora deben ser los verdaderos criterios para acceder a cargos públicos, no el número de años vividos”.

Con estas reformas, Hidalgo avanza hacia un marco jurídico más inclusivo, que busca fortalecer la profesionalización del servicio público y abrir oportunidades a nuevos perfiles.

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