Autoridades de Estados Unidos informaron sobre una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con documentos judiciales presentados en una corte federal en Nueva York.

El caso fue dado a conocer por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole. La causa quedó asignada a la jueza Katherine Polk Failla.

De acuerdo con la acusación, el mandatario estatal y otros nueve funcionarios y exfuncionarios habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones del narcotráfico, incluyendo el envío de drogas hacia territorio estadounidense. Las autoridades sostienen que estas acciones permitieron mantener el flujo de sustancias como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

El expediente judicial señala que Rocha Moya presuntamente recibió apoyo electoral ilícito durante los comicios de 2021, con intervención de una facción del cártel conocida como “Los Chapitos”. Asimismo, se le atribuyen supuestos encuentros con integrantes de ese grupo tanto en su etapa como candidato como durante su gestión.

La acusación también plantea la existencia de un acuerdo de protección e impunidad, mediante el cual se habría permitido la operación del grupo criminal en Sinaloa a cambio de respaldo político.

En cuanto a los cargos, las autoridades estadounidenses imputan al gobernador delitos como conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de uso exclusivo, entre ellos ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser procesado en ese país, podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, según lo establecido en la legislación estadounidense.

El documento judicial amplía las acusaciones a una presunta red de funcionarios que habría operado dentro de distintas corporaciones de seguridad en Sinaloa. Según la fiscalía, esta estructura habría recibido sobornos millonarios a cambio de proteger a líderes criminales, filtrar información operativa y facilitar el traslado de cargamentos de droga.

Hasta el momento, no se detalla en el expediente una respuesta pública del gobernador frente a estos señalamientos. El caso se desarrolla en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas.

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