Joel Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la cancillería mexicana, advirtió que México ha pasado de recibir unas 1,300 solicitudes de refugio al año hace una década a más de 150,000 solicitudes, cifra que se prevé alcanzar al finalizar el 2023.

Causas del aumento de las solicitudes de refugio

Este aumento se debe principalmente a la posición geográfica de México, que lo convierte en un punto de encuentro de flujos migratorios de diversas partes del mundo. Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), informó que desde 2013 se ha reconocido la condición de refugiado a 106,266 personas y se ha otorgado protección complementaria a 9,844 extranjeros, lo que suma un total de 116,110 personas protegidas en México. Además, señaló que en la actual administración se han resuelto el 88% de las solicitudes de refugio pendientes desde 2013, lo que evidencia los esfuerzos del gobierno para atender esta problemática.

Nuevos compromisos del estado mexicano

Ante estos retos, Hernández anunció nuevos compromisos del estado mexicano, con acciones a nivel regional, nacional y local, resultado de consultas inclusivas realizadas por la COMAR y el ACNUR. Estos compromisos son:

• Garantizar un procedimiento justo y eficiente para la condición de refugio, sin discriminación, con el objetivo de reducir el tiempo de procesamiento de los casos.
• Fomentar la participación de la sociedad civil, el ACNUR y las organizaciones de personas refugiadas.
• Impulsar programas de integración local para las personas refugiadas, con el fin de atender sus necesidades en salud, educación y empleo, a través de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.
• Fortalecer la capacidad institucional y el procesamiento de casos de la condición de refugiado a nivel regional.

Asimismo, las autoridades de los estados de Baja California, Guanajuato y Nuevo León, así como de la ciudad de Tapachula, adoptarán compromisos específicos para promover la inclusión, el ejercicio de derechos y la creación de mecanismos de atención a las personas con necesidades de protección internacional.

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