En una votación dividida, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que reforma el artículo 253 de la Ley del Seguro Social. Esta reforma permite al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibir bienes inmuebles como forma de pago de cuotas obrero-patronales. Con 65 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones, la medida busca fortalecer la infraestructura del IMSS y elevar la calidad de sus servicios.

La propuesta facilita que entidades federativas, municipios y organismos descentralizados cedan inmuebles al IMSS para saldar adeudos o cumplir obligaciones, siempre que sean funcionales para el Instituto. No obstante, dichos inmuebles no podrán usarse para cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y deberán estar libres de gravámenes y cargas legales.

El valor de los inmuebles será determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. El Consejo Técnico del IMSS establecerá los lineamientos para su incorporación al patrimonio institucional. Se subraya que no se permitirá la devolución en efectivo de los pagos en especie, y cualquier saldo a favor del IMSS se aplicará a futuras importaciones, sin poder destinarse a aportaciones o adeudos del seguro mencionado.

Opiniones durante la discusión sobre el cambio al IMSS

La senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, indicó que esta propuesta ayudará al IMSS a cumplir con su obligación de proveer servicios médicos y sociales esenciales. En contraste, Rogelio Israel Zamora Guzmán, de Morena, argumentó que el IMSS no puede hacer efectivos sus créditos fiscales con los municipios, ya que sus bienes son inembargables. Damián Zepeda Vidales, del PAN, sugirió que el IMSS no haga permanente el programa para prevenir que se realicen ventas forzadas de bienes. Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, expresó su preocupación por la posible desviación del enfoque del IMSS de proveedor de servicios sociales a administrador de bienes.

A pesar de las críticas, el comité aprobó la modificación y se espera que entre en vigor en los próximos meses. El debate sobre el impacto de esta medida  continuará tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad civil.

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