El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta diferencias internas en la construcción de una propuesta de reforma electoral que busca atender dos de los temas más sensibles del sistema político mexicano: la intervención de los partidos políticos en los procesos electorales y la sobrerrepresentación legislativa.

De acuerdo con documentos internos, diversas consejerías impulsan que la eventual reforma electoral retome el modelo previo a 2014, en el que el límite constitucional de sobrerrepresentación se aplicaba tanto por partido como por coalición, con el objetivo de fortalecer la correspondencia entre votos obtenidos y escaños asignados en el Congreso.

Actualmente, la Constitución permite un margen de hasta ocho por ciento de sobrerrepresentación, criterio que se calcula por partido y que, según algunas consejerías, ha permitido distorsiones en la representación proporcional, particularmente en escenarios de alianzas electorales.

En el apartado sobre sistema de partidos, el consejero Martín Faz plantea revisar el límite constitucional vigente para evitar lo que denomina “simulaciones partidistas” y garantizar una representación proporcional más transparente. Su propuesta busca que la asignación de curules refleje de manera más fiel la votación ciudadana, evitando que coaliciones obtengan una presencia legislativa mayor a la que les correspondería.

Faz también propone incorporar Mecanismos de Afiliación Efectiva, con el fin de impedir el intercambio estratégico de candidaturas entre partidos coaligados, práctica que —según la experiencia reciente— ha permitido que políticos sin militancia real accedan a escaños plurinominales.

En el mismo sentido, el consejero Jaime Rivera, aunque sus planteamientos no fueron incluidos en la presentación inicial de la Secretaría Ejecutiva, también sugiere regresar al esquema de cálculo por partido y coalición, al considerar que beneficia a las minorías y fortalece el pluralismo político.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo advierte que eliminar la representación proporcional, como se ha propuesto en distintos foros, incrementaría la sobrerrepresentación, por lo que plantea revisar y perfeccionar la fórmula actual. Castillo sostiene que una reforma debería avanzar hacia una proporcionalidad más pura, incluso explorando esquemas de listas abiertas, y subraya que reducir el pluralismo no genera ahorros presupuestales significativos.

Otro eje central de las propuestas es la necesidad de legislar de manera más precisa el Artículo 134 constitucional, que regula la propaganda gubernamental y la intervención de servidores públicos en procesos electorales. Este artículo ha sido recurrentemente señalado como el más vulnerado en los últimos comicios.

Castillo propone emitir una legislación reglamentaria que permita combatir la inequidad desde el origen financiero, enfocándose en el rastreo de recursos indebidos y no solo en la expresión pública de funcionarios.

En contraste, otras visiones, como la del exfuncionario Pablo Gómez, han defendido ampliar las libertades de expresión de los servidores públicos, sustituyendo sanciones administrativas por multas económicas.

La consejera Dania Ravel propone incluir explícitamente a influencers en la legislación electoral, ante el uso reiterado de estas figuras en campañas que han rebasado los límites legales. Plantea sanciones más eficaces, como la desmonetización de contenidos o el bloqueo temporal de cuentas, frente a prácticas que han persistido pese a sanciones previas, particularmente en el caso del Partido Verde.

Asimismo, Martín Faz propone regular o prohibir procesos inéditos de selección de candidaturas, como los ocurridos en los últimos años con funcionarios públicos que realizaron actos proselitistas anticipados —las llamadas “corcholatas”—, lo que derivó en múltiples denuncias por uso indebido de recursos públicos. En este contexto, sugiere reconocer expresamente la facultad del INE para invalidar actos partidistas que violen los tiempos legales.

Las consejerías también manifestaron críticas severas a los documentos elaborados por la Secretaría Ejecutiva del INE, señalando deficiencias de forma y fondo. La consejera Norma Irene de la Cruz advirtió falta de coherencia normativa, debilidad en las justificaciones y un desarrollo normativo insuficiente.

En la misma línea, la consejera Carla Humphrey sostuvo que la propuesta carece de una estructura lógica, de un hilo conductor claro y que incluso traslada a leyes secundarias materias que corresponden al ámbito constitucional.

Hasta este miércoles, no existe certeza sobre si las consejerías lograrán reunirse nuevamente esta semana para iniciar el debate formal de las propuestas, en un contexto donde persisten diferencias sobre el rumbo que debe tomar la reforma electoral.

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