En una jornada legislativa decisiva, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026, consolidando un triunfo político estratégico para el Poder Ejecutivo. Tras un debate que se extendió por casi ocho horas, el oficialismo logró articular una mayoría de 43 votos a favor frente a 26 en contra, apoyándose en una coalición conformada por bloques provinciales, la UCR, el Pro y legisladores peronistas disidentes.

Un nuevo paradigma entre el fisco y el contribuyente

La Ley de Inocencia Fiscal introduce una modificación estructural en la doctrina tributaria del país. El eje central es el Principio de Inocencia Fiscal, el cual establece que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores por defecto. Bajo esta nueva normativa, la administración tributaria pierde la facultad de presumir maniobras de evasión de forma automática, quedando obligada a presentar evidencia fehaciente antes de iniciar acciones legales.

Este cambio de enfoque busca, según los argumentos del oficialismo, dotar de predictibilidad al sistema y reducir la discrecionalidad estatal. Para ello, se han actualizado los umbrales del Régimen Penal Tributario, que permanecían estáticos desde 2017. A partir de ahora, los montos mínimos para que una falta sea considerada delito penal se elevan a $100 millones para la evasión simple y a $1.000 millones para la modalidad calificada.

Incentivos a la formalización y alivio administrativo

Si bien la normativa no constituye un régimen de blanqueo de capitales en términos estrictos, los expertos señalan que genera un escenario propicio para la movilización de activos no declarados, conocidos coloquialmente como «dólares del colchón». Al reducir el riesgo de persecución penal por incrementos patrimoniales menores y ofrecer una reducción de multas de hasta el 90% para PyMEs y personas humanas, la ley incentiva la formalización sin la presión de inspecciones punitivas.

Entre las medidas más destacadas para el contribuyente de a pie, se encuentran:

1. Declaración Jurada Simplificada: La creación de un régimen donde la autoridad fiscal confecciona la liquidación de Ganancias basada en datos de consumo y patrimonio, liberando al ciudadano de cargas burocráticas si el pago se efectúa en término.
2. Actualización por UVA: Para evitar que la inflación erosione los parámetros de la ley, todos los montos se ajustarán anualmente mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) a partir de 2027.
3. Beneficios por cumplimiento: Se reducen los plazos de prescripción para aquellos contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día, limitando el tiempo en el que el Estado puede reclamar deudas pasadas.