La crisis diplomática entre Perú y México alcanzó un nuevo y grave hito con la salida forzosa del país andino de la encargada de la Embajada de México, Karla Ornelas. La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó que la diplomática realizó su control migratorio de salida en cumplimiento de una orden “perentoria” emitida por el Gobierno peruano.

Esta expulsión se produce tras la decisión del presidente de transición de Perú, José Jerí, de romper formalmente las relaciones diplomáticas con México, una acción directa en respuesta al asilo político que el gobierno mexicano concedió a la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez.

Chávez, quien enfrenta un proceso judicial junto al expresidente Pedro Castillo por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, recibió el asilo el pasado lunes.

Interferencia y Ruptura de Relaciones

El origen de la ruptura, no obstante, es más profundo. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, había anunciado la decisión citando un «acto inamistoso» por parte de México y señalando las «reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú».

Tanto la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, han calificado la destitución de Castillo como un «golpe de Estado» perpetrado por grupos de poder peruanos, exigiendo en varias ocasiones la libertad del expresidente.

Karla Ornelas ya había asumido la conducción de la legación mexicana en Lima en una situación de crisis previa, tras la expulsión, en diciembre de 2022, del entonces embajador Pablo Monroy. En aquella ocasión, la tensión se desató porque López Obrador calificó a la presidenta Dina Boluarte, quien asumió tras la destitución de Castillo, como una «usurpadora».

El Salvoconducto en el Aire y la OEA en la Mira

Pese a la gravedad de la ruptura diplomática, el canciller peruano aclaró que esta «no significa» que se hayan roto también las relaciones consulares, las cuales se mantendrán operativas para asistir a los ciudadanos.

Mientras tanto, el caso de Betssy Chávez sigue en un limbo. Horas después de la ruptura de relaciones, el presidente Jerí confirmó que la exprimera ministra «no podrá viajar a México» hasta que su gobierno tome una decisión definitiva sobre el salvoconducto que se debe otorgar.

Adicionalmente, el conflicto se internacionaliza. El Gobierno de Perú anunció que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, argumentando que el derecho al asilo ha sido tergiversado para «calificar a delitos comunes como casos de persecución política», clara referencia al caso de Chávez y Castillo.