Durante una comparecencia ante comisiones unidas del Senado de la República, Ernestina Godoy Ramos presentó el Plan de Procuración de Justicia, una estrategia federal orientada a fortalecer la investigación criminal, modernizar el sistema penal y mejorar la atención a víctimas.

La propuesta plantea una transformación institucional enfocada en combatir la impunidad, especialmente en delitos de género, mediante protocolos obligatorios para casos de feminicidio y violencia familiar en coordinación con fiscalías estatales.

Otro eje central es el uso de tecnología e inteligencia de datos para identificar redes financieras del crimen organizado, así como una reingeniería en Ministerios Públicos para reducir tiempos de atención y fomentar la denuncia ciudadana.

Entre las medidas más destacadas figura también un sistema de seguimiento digital de carpetas de investigación, que permitiría a víctimas monitorear avances en tiempo real, buscando mayor transparencia y confianza en las instituciones.

El proyecto generó respaldo entre legisladores oficialistas, quienes lo consideran un paso hacia una justicia más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, sectores de oposición expresaron preocupaciones sobre su viabilidad presupuestal y la necesidad de preservar la autonomía de las investigaciones.

Godoy defendió el plan como una estrategia integral para garantizar que la ley se aplique sin distinción política y subrayó que la procuración de justicia debe consolidarse como base de la paz social.

La iniciativa se presenta en un contexto nacional marcado por altos índices de violencia y una persistente desconfianza en las instituciones judiciales, lo que convierte su implementación en un reto político y operativo de gran escala.