Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con esto, se establece que las concesiones mineras tendrán una duración de 30 años, con una primera prórroga de 25 años y la posibilidad de extenderla otros 25 más, es decir que tendrán una duración máxima de 80 años, en lugar de cien años como lo establecía la ley anterior.

“Para el inicio de las obras y trabajos mineros, la persona titular de la concesión debe obtener las autorizaciones, permisos y concesiones necesarias ante las instancias federales, locales y municipales correspondientes”, establece el DOF.

El documento en torno a la Ley Minera detalla que las concesiones podrán ser canceladas por la Secretaría de Economía si las empresas mineras no realizan oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos, si no presentan los informes a los que están obligadas o por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año.

Estado con mayor control de la actividad minera

Las modificaciones publicadas en el DOF señalan que será la Secretaría de Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), será la encargada de dirigir la exploración del territorio nacional con objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales del país.

“La persona que cuente con información de la que se desprenda que en un lote no asignado o concesionado existen minerales o sustancias no estratégicas o reservadas al Estado, puede presentarla a la Secretaría de Economía para que esta determine la conveniencia de ordenar al SGM la exploración”, indica el documento.

Detalla además que el Servicio Geológico Mexicano podrá celebrar convenios de colaboración con las empresas interesadas en la extracción de minerales para explorar el lote concesionado; dicho convenio tendrá una vigencia improrrogable de hasta cinco años.

Finalmente, en la publicación se establece que a partir de este momento quedará prohibido el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población, así como en zonas sin disponibilidad de agua, de conformidad con la prioridad de los usos establecida en la Ley de Aguas Nacionales.

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