Coahuila.- El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado a México que investigue la presunta violación de derechos laborales en una planta de autopartes ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Esta planta pertenece a la empresa japonesa Fujikura y se encuentra bajo la lupa debido a denuncias de prácticas discriminatorias y negación de derechos sindicales.

Bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, Estados Unidos ha realizado más de una docena de solicitudes a México para abordar este tipo de situaciones desde el año 2020. En esta ocasión, la subsecretaria adjunta para Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo, Thea Lee, afirmó que las prácticas de listas negras y discriminación en la contratación por participar en actividades sindicales protegidas violan el derecho de los trabajadores a organizarse y elegir libremente un sindicato.

El reclamo fue presentado por el sindicato Comité Fronterizo de Obreros a mediados de noviembre, alegando que Fujikura Automotive México, subsidiaria de Fujikura Ltd, estaba violando los derechos de libertad sindical de los trabajadores en su fábrica ubicada cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Hasta el momento, la empresa no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia Reuters. Sin embargo, la subsecretaria Thea Lee enfatizó la importancia de abordar este tema y calificó los acontecimientos como una amenaza directa al progreso laboral en México.

México atenderá la solicitud de Estados Unidos

La planta de Fujikura Automotive México en Piedras Negras emplea a aproximadamente 5,000 personas y se dedica a la fabricación de mazos de cables y cables para automóviles, según información proporcionada por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense ha elogiado la respuesta del Gobierno de México y su disposición para llevar a cabo inspecciones laborales en casos como este. Ambos países se han comprometido a trabajar en estrecha colaboración para resolver esta violación de los derechos laborales.

La solicitud de Estados Unidos pasa ahora a manos de las autoridades mexicanas, quienes deberán investigar y tomar las medidas correspondientes en caso de encontrarse evidencia de violaciones a los derechos laborales.

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