Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran evaluando, mediante asambleas internas, la posibilidad de levantar el plantón que mantienen desde el pasado 15 de mayo en el Zócalo capitalino. Así lo dio a conocer Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la organización magisterial.

De acuerdo con Hernández, en caso de aprobarse el retiro del campamento, las movilizaciones no cesarían, sino que continuarían en los respectivos estados de origen de los docentes. Las propuestas surgidas en estas reuniones serán presentadas ante la Asamblea Nacional Representativa, órgano que tomará la decisión final sobre el posible fin del paro nacional.

Este proceso ocurre en un contexto de tensión, luego del incidente ocurrido el día anterior en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde un grupo de manifestantes, la mayoría encapuchados, arrojaron piedras y artefactos explosivos caseros, e intentaron forzar su entrada a las instalaciones federales. El hecho derivó en el primer enfrentamiento entre maestros y cuerpos de seguridad desde el inicio de la protesta hace tres semanas.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la CNTE para deslindarse o asumir responsabilidad por los hechos violentos. “No estamos de acuerdo, y pienso que las y los maestros deben pronunciarse al respecto. ¿Cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a participar, y que luego un pequeño grupo actúe con violencia?”, expresó la mandataria durante una conferencia matutina.

El Gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo, insistiendo en la necesidad de mantener las negociaciones en un marco pacífico y respetuoso. No obstante, los docentes han rechazado diversas propuestas presentadas por las autoridades, entre ellas el congelamiento de la edad de jubilación, argumentando que no responden a sus demandas centrales.

Entre las exigencias de la CNTE se encuentran la derogación de la actual ley de pensiones, un incremento salarial del 100 por ciento y el establecimiento de una interlocución directa con la presidenta de la República.

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