Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, expuso esta mañana como parte de su informe de ‘Cero Impunidad’ a dos jueces, de Morelos y Chiapas, que otorgaron suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo y que será revisada bajo la nueva legislatura.

Exhiben a jueces durante la mañanera de AMLO

El 30 de agosto de 2024, se llevaron a cabo dos decisiones judiciales significativas en México relacionadas con una reforma controvertida que se discute en la Cámara de Diputados. Ambas decisiones fueron tomadas por jueces federales en respuesta a amparos promovidos por varios jueces contra dicha reforma, la cual ha generado preocupaciones sobre su impacto en la independencia judicial.

La jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña, otorgó una suspensión de oficio los jueces que promovieron el amparo. Su decisión se basa en la posibilidad de que la reforma cause daños de “imposible reparación”.

La suspensión busca evitar que el proyecto de dictamen, que fue aprobado y discutido el 26 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales, tenga efecto para los quejosos. Esto implica que el proyecto no podrá ser discutido ni votado por la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, que se instaló el 1 de septiembre.

La jueza Magaña ha manifestado que su acción es una forma de protesta contra los “ataques” a la independencia judicial, recibiendo apoyo de trabajadores judiciales en Morelos.

El Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también concedió una suspensión de oficio el mismo día, 30 de agosto, en favor de otros jueces que promovieron un amparo contra la misma reforma.

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también acusó a estos jueces de “intromisión facciosa” durante su conferencia mañanera, considerando que los fallos son ilegales e inconstitucionales.

¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe existir de los poderes.