Tres expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, Dulce María Sauri y Pedro Joaquín Coldwell, presentaron un escrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE), solicitando que se emita un pronunciamiento respecto a los cambios estatutarios del tricolor para determinar si se incurrió en alguna falta y así frenar la reelección de ‘Alito’.
La denominada «excitativa de justicia» fue entregada este lunes al Consejo General del INE, pidiendo que se determine si las modificaciones realizadas en la 24A Asamblea Ordinaria del PRI contravienen lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), específicamente el artículo 34, párrafo segundo.
El punto de discordia radica en que la elección de Moreno Cárdenas como líder nacional se llevará a cabo el próximo domingo, en medio de un proceso electoral en curso para 2024, lo que según los expresidentes, va en contra de la legalidad establecida.
Además, se señala que existen actos proselitistas financiados con recursos del partido, los cuales podrían ser reversibles si se determina la invalidez de la reforma en cuestión.
Ante esta situación, los exlíderes del PRI han pedido a la Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE que emita un pronunciamiento previo a la elección de este domingo, con el objetivo de evitar posibles perjuicios para la militancia y el patrimonio del partido.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recibió directamente el documento presentado por Ochoa Reza, Sauri y Coldwell, quienes esperan una pronta respuesta por parte de los consejeros electorales.
En este sentido, la consejera Carla Humphrey señala que se tendrá que analizar si la convocatoria a la asamblea se realizó en tiempo y forma, si se enviaron los documentos necesarios a los participantes y si las sesiones se llevaron a cabo con el quorum legal establecido.
Aunque existen acciones previas a la validación de la reforma por parte del INE, como la elección programada para este domingo, Humphrey afirma que generalmente se espera la determinación de la autoridad electoral antes de llevar a cabo eventos de este tipo.
Los consejeros electorales tienen un plazo de 30 días para resolver la constitucionalidad del estatuto modificado, desde que se entregó la documentación el pasado 19 de julio. Mientras tanto, la incertidumbre reina en el PRI, en medio de una disputa que evidencia las diferencias internas y la búsqueda de poder dentro del partido.
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