La situación de los albergues de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más peligrosa debido a la extorsión de grupos criminales, que amenazan con cerrar estos refugios ante las presiones y amenazas del crimen organizado.

El denominado ‘cobro de piso’, una práctica en que organizaciones y empresas son extorsionadas por bandas criminales, ha alcanzado niveles alarmantes. Directivos y coordinadores de albergues en Tijuana, la ciudad más grande del norte de México, han denunciado públicamente las amenazas de muerte y extorsiones a las que se enfrentan a diario.

El pastor Gustavo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús, que alberga a más de mil 300 personas y se encuentra en una zona vulnerable en la periferia de Tijuana, fue uno de los primeros en hacer público este grave problema. Según Banda Aceves, las amenazas provienen del crimen organizado que buscan lucrar a costa de los migrantes y mexicanos desplazados por la violencia.

«Nos han amenazado telefónicamente, exigiendo el pago de un ‘cobro de piso’, pero hasta el momento no ha pasado a mayores. Hemos presentado denuncias ante las autoridades, pero lamentablemente no hemos recibido la protección necesaria», afirmó el pastor.

El aumento del ‘cobro de piso’ ha aumentado un 45.3%, según denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en mayo. Las extorsiones se han vuelto tan frecuentes que se registran más de una víctima por hora, afectando no solo a negocios, sino también a activistas y coordinadores de albergues como Susana Barrales, de La Casita de Unión Trans.

Barrales ha recibido amenazas de muerte directamente relacionadas con su labor en el albergue, lo que la ha obligado a vivir con miedo constante. «Este año he recibido cuatro amenazas de muerte, han dañado mi propiedad y han generado un clima de inseguridad para todas nosotras», expresó Barrales.

La inseguridad también ha llegado a otros albergues, como el Proyecto Salesiano Tijuana, donde la administradora general Claudia Portela ha destacado que la violencia no distingue sectores específicos de la población, afectando a la sociedad en su conjunto.

Otra problemática que han identificado son las infiltraciones del crimen en los propios albergues, para convencer a migrantes de que paguen para cruzar por la frontera de forma irregular, «una táctica que muchas veces deriva en el secuestro y la extorsión».

Estas infiltraciones también las detectó el albergue Misión Ágape Mundial, en una zona conflictiva de Tijuana, donde su director, el pastor Albert Rivera Colón, ha denunciado estos sucesos porque «agravan la estancia de los desplazados que, de por sí, ya vienen huyendo de entornos de violencia».

Ante esta alarmante situación, activistas y defensores de migrantes han hecho un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la seguridad de los albergues y protejan a quienes dedican su vida a ayudar a los más vulnerables.

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