Fallo de la Corte desata choque por bloqueo de cuentas
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, generó un fuerte rechazo de los partidos de oposición, que advierten riesgos para derechos fundamentales.
¿Qué resolvió la Corte?
El máximo tribunal determinó que esta facultad es constitucional, al considerar que el congelamiento de cuentas:
- Es una medida cautelar administrativa, no una sanción penal
- Puede aplicarse cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
- No requiere autorización judicial previa, aunque sí permite impugnaciones posteriores
El fallo modifica criterios anteriores y amplía la capacidad de acción de la UIF para actuar de forma inmediata ante operaciones sospechosas.
Oposición acusa riesgos de autoritarismo
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), el senador Raymundo Bolaños Azocar advirtió que la medida es “tremendamente peligrosa”, al permitir congelar cuentas con base en sospechas y abrir la puerta a posibles abusos o persecuciones políticas.
El legislador también señaló que la discrecionalidad en su aplicación podría generar afectaciones graves e incluso irreparables, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
En la misma línea, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó la resolución como un “despropósito”. Su coordinador en el Senado, Manuel Añorve Baños, sostuvo que esta decisión forma parte de una “construcción de un Estado autoritario” impulsado por Morena.
Debate jurídico y contexto internacional
La Corte argumentó que la medida responde a estándares internacionales en el combate al lavado de dinero, donde se privilegia la acción inmediata para proteger el sistema financiero.
Sin embargo, algunos ministros expresaron reservas al considerar que podría afectar derechos como la propiedad o el debido proceso, al limitar el acceso a recursos sin control judicial previo.
La resolución abre un nuevo frente de debate entre seguridad financiera y garantías individuales, Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta preventiva.
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