La familia LeBarón volvió a colocar en la agenda pública el tema de la seguridad en el norte del país tras denunciar nuevas amenazas en su contra en Chihuahua, un estado marcado por la violencia y la presencia de grupos delictivos.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el activista Julián LeBarón informó que presentó una denuncia formal por amenazas dirigidas a su padre, sus hermanos y a él mismo, acompañada de evidencia documental. En su mensaje, explicó que la familia mantiene una postura firme ante este tipo de situaciones: hacer públicas las intimidaciones y rechazar cualquier intento de extorsión.

El contenido de las amenazas —atribuido a presuntos grupos criminales— incluye advertencias de muerte y exigencias para abandonar ciertas localidades del municipio de Gómez Farías, así como presiones para frenar su participación en actividades públicas. También se menciona la supuesta incapacidad de los esquemas de seguridad para protegerlos.

LeBarón subrayó que este episodio no es un caso aislado, sino una muestra de la realidad que enfrentan muchas familias en la entidad. Según su planteamiento, la violencia ha generado un entorno donde predominan el miedo y el silencio, en medio de instituciones que, afirma, resultan insuficientes para garantizar protección.

En respuesta, el activista reiteró que no cederá ante la intimidación y que continuará con su labor pública. Señaló que el problema va más allá de su caso personal, al considerar que miles de chihuahuenses han sido víctimas de amenazas, extorsión o desplazamiento forzado.

El pronunciamiento también incluyó un cuestionamiento directo a la normalización de la violencia en la región, insistiendo en que este tipo de իրավիճaciones no deben asumirse como parte de la vida cotidiana.

En un tono más enérgico, LeBarón dirigió un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien pidió una respuesta clara y coordinada de las autoridades. En su planteamiento, advirtió que la seguridad no puede diluirse entre distintos niveles de gobierno mientras persisten riesgos para la población.

Finalmente, el activista enfatizó que las amenazas ya fueron denunciadas y documentadas formalmente, por lo que consideró que las autoridades están obligadas a actuar y no pueden ignorar la situación.

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